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Introducción

Desde febrero de 2020, más de 200,000 personas solo en los Estados Unidos han muerto con COVID-19. Los expertos estiman que más de un millón de personas han muerto con el virus en todo el mundo y, según la Organización Mundial de la Salud, una de cada diez en todo el mundo puede haber contraído el virus en algún momento. Mientras los Estados Unidos y el mundo luchan por recuperarse de los efectos catastróficos de la pandemia del coronavirus, los trabajadores de la salud se han ganado un nuevo sentido de respeto y aprecio, tanto en casa como en el extranjero.

En el contexto de esta crisis internacional, y para sorpresa de muchos, un país en particular está ganando un nuevo reconocimiento por su subsidio y difusión de talentosos profesionales de la salud: la República de Cuba. Si bien la exportación de Cuba de un número aparentemente impresionante de médicos y enfermeras no es una novedad para la comunidad internacional, el reciente despliegue de estos trabajadores está atrayendo una atención significativa e, inevitablemente, suscitando algunas preguntas importantes. Específicamente, ¿es el encargo de profesionales de la salud una clase magistral de caridad internacional? ¿O hay algo más siniestro en marcha? Desafortunadamente, y cada vez más, como parece ser el caso de los acontecimientos relacionados con la República de Cuba, cuando se trata de la Perla de las Antillas, el diablo está en los detalles.

 

Misiones médicas obligatorias

A pesar de sus antecedentes económicos y de derechos humanos notoriamente pobres, la isla comunista caribeña ha desplegado más de 2.000 médicos y enfermeras en el extranjero a casi cuarenta países de todo el mundo desde el inicio de la pandemia para ayudar en la lucha contra el COVID-19. Hoy en día, los médicos siguen siendo una de las exportaciones más lucrativas de Cuba, con 50.000 médicos cubanos trabajando en sesenta y siete países. Con más de $11 mil millones en ingresos públicos anuales, el apropiadamente apodado “ejército de batas blancas” de Cuba genera más ingresos públicos cada año que toda la industria turística del país. Si esto no es lo suficientemente impresionante, Cuba proporciona más personal médico a las naciones en desarrollo que todos los países del G7 juntos. Pero mientras Cuba atribuye el envío de médicos al exterior a un sentido innato de “altruismo, humanismo y solidaridad internacional” cubanos, otros han criticado a la nación por el maltrato a sus médicos—algunos llegan tan lejos como para llamarlo “trabajo esclavo,” en lo que muchos consideran una burda explotación del capital humano bajo la apariencia de buena voluntad y compasión.

Según José Miguel Vivanco, director para Estados Unidos de Human Rights Watch, “[l]os médicos cubanos enviados a responder a la pandemia de Covid-19 ofrecen valiosos servicios a numerosas comunidades, pero a costa de sus libertades más básicas.” En concreto, el gobierno cubano priva a los médicos cubanos de su derecho a la privacidad, el movimiento y la libertad de expresión. De acuerdo con una resolución emitida por el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba en 2010, Resolución 168, el gobierno cubano impone un control efectivo, bajo amenaza de sanciones penales, sobre la participación de los trabajadores de la salud en manifestaciones políticas o sociales, expresiones públicas de opinión, amistades, compañeros de cuarto e incluso relaciones románticas.

Los trabajadores de la salud cubanos no solo informan que carecen de derechos humanos básicos, sino también de derechos económicos y de propiedad básicos. Además de las duras condiciones laborales y el exceso de horas, el personal médico cubano no tiene derecho a los ingresos que obtiene en el exterior. En una reciente conferencia de prensa del Departamento de Estado de los EE. UU. (“DOS” por sus sigla en inglés), la Dra. Cubana Ramona Matos Rodríguez relató que además de que le quitara el pasaporte al llegar a su país anfitrión, casi todas sus ganancias fueron enviadas a Cuba y fueron congeladas en cuentas inaccesibles hasta que se completara su misión. Sin embargo, negarse a ser voluntario no es tan simple como parece. Pese a que la participación en misiones médicas no es obligatoria per se según la ley cubana, los trabajadores de la salud como la Dra. Ramona Rodríguez, temen represalias si se rehúsan a participar en misiones médicas.

De hecho, el incumplimiento de cualquiera de las estrictas regulaciones de Cuba que se aplican a los médicos en misiones, incluidas las leyes que prohíben la renuncia sin autorización, a menudo resulta en persecución por parte del gobierno cubano, ya las sanciones van desde el ostracismo social severo, altas multas, exilio o revocación del derecho a regresar a Cuba hasta, en muchos casos, el encarcelamiento. La subyugación sistemática de los médicos cubanos ha llevado al DOS no solo a clasificar a Cuba en su Informe trata de personas de 2020 como un país de “Nivel 3” por no cumplir con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas según se define en Ley de protección a las víctimas de la trata de personas de 2000, sino también a instar a los aliados latinoamericanos de Estados Unidos a rechazar la ayuda médica cubana, los ingresos de los que se presume que proporcionan al régimen comunista cubano una influencia política y económica indebida. No se equivoque—las misiones médicas cubanas son una forma de trata de personas. Entonces, no es de extrañar que, dados los graves abusos contra los derechos humanos y económicos que enfrentan a diario, los profesionales médicos cubanos en misión estén buscando asilo en la puerta de las embajadas de Estados Unidos. Pero, ¿apoya Estados Unidos a los médicos cubanos solo de palabra y no de hecho?

 

La ley de inmigración de los Estados Unidos y su impacto en Cuba

Para los no ciudadanos que buscan ingresar los Estados Unidos a través de la frontera sur, los cambios recientes a la ley de inmigración han hecho que la entrada sea más difícil, particularmente como resultado de los Protocolos de protección a migrantes de 2019 (“MPP,” por sus sigla en inglés) y los cambios de políticas migratorias en torno al COVID-19 virus. Conocido coloquialmente como el programa “permanecer en México,” el MPP es una acción gubernamental de los EE. UU. que permite al Departamento de Seguridad Nacional (“DHS,” por sus siglas en inglés) devolver a México a ciertas personas extranjeras que ingresan o buscan ser admitidas a los Estados Unidos desde México sin la documentación adecuada para que esperen fuera de los EE. UU. mientras duren sus procedimientos de inmigración. El MPP aplica a los ciudadanos de otros países, además de México, que llegan a los Estados Unidos por tierra desde México cuando no son claramente admisibles, o cuando se encuentran en proceso de deportación bajo la Sección 240 de la Ley de inmigración y nacionalidad. En marzo de 2020, los porcentajes más altos de repatriados del MPP eran de México, Honduras, Guatemala y Cuba, ya que los no ciudadanos de muchas naciones de América del Sur y Centroamérica a menudo ingresan por México. Sin embargo, el MPP aún no es una ley establecida. No mucho después de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los EE. UU. confirmara la decisión de un tribunal de distrito federal que impedía que el gobierno de EE. UU. hiciera cumplir el MPP en Innovation Law Lab v. Wolf, 951 F.3d 1073 (9th Cir. 2020), la Corte Suprema de los Estados Unidos suspendió la orden que otorga un mandamiento preliminar en espera de una petición de escrito de certiorari. La Corte Suprema otorgó el certiorari el 19 de octubre de 2020 y está permitiendo que el gobierno federal continúe haciendo cumplir el MPP hasta que se determine su legalidad.

La entrada se ha vuelto aún más complicada para muchos no ciudadanos a raíz del virus COVID-19. En marzo de 2020, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, vía los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU., ordenó la suspensión de la entrada de personas de países donde existe un brote de una enfermedad contagiosa, de conformidad con el Título 42 del Código de EE. UU. Desde marzo, las “expulsiones” bajo esta orden se han convertido en el medio más común de forzar el regreso a los no ciudadanos que llegan de México, superando al MPP. Por supuesto, a raíz de una pandemia mundial, limitar los viajes se ha convertido en una importante medida de protección, pero la implementación del Título 42 también se ha convertido en una herramienta fundamental para que el gobierno de EE. UU. niegue la entrada a solicitantes de asilo que de otro modo serían elegibles.

Hasta junio de 2020, los que no eran ciudadanos también enfrentaban la “prohibición de tránsito a terceros países.” La prohibición de tránsito a terceros países funciona de manera ligeramente diferente al MPP. En lugar de trasladar a los no son ciudadanos estadounidenses a México cuando no eran claramente admisibles o sometidos a un proceso de deportación, la prohibición de tránsito a terceros países hizo que todos los no eran ciudadanos que eran inelegibles para el asilo desde el principio si habían pasado por otros países en ruta hacia los Estados Unidos. Esto significa que incluso los que no son ciudadanos que tienen casos claros de asilo podrían ser removidos simplemente porque habían pasado por otro país en sus caminos a los Estados Unidos. Como tal, a casi todos los ciudadanos cubanos que llegaron a los EE. UU. se les prohibió obtener asilo por haber viajado por otros países en sus caminos a los EE. UU., aunque no se hayan sentido seguros en los países a través que pasaron. La política dejaba una opción disponible: bajo la prohibición de tránsito a un tercer país, aquellos que enfrentaban el temor de persecución aún eran elegibles para la suspensión de la expulsión, un beneficio que previene la deportación después de la conclusión de una audiencia ante una jueza de inmigración. Sin embargo, para muchos médicos cubanos que trabajan en otros países, esta prohibición significaba que tendrían que regresar a Cuba desde sus trabajos en esos terceros países, antes de proceder directamente a los EE. UU. para ser considerados para el asilo.

Finalmente, en lo que respecta a la relación entre las leyes de inmigración de Estados Unidos y Cuba en particular, las siguientes dos leyes se destacan de inmediato: la política especial de libertad condicional para los ciudadanos cubanos que llegan, más conocida como “pies secos, pies mojados,” y el Programa de Permisos Para Profesionales Médicos Cubanos (“CMPP,” por sus siglas en inglés). Introducida por la Administración Clinton en la década de 1990, y terminada abruptamente por la Administración Obama apenas nueve días antes de la inauguración del presidente Trump, “pies secos, pies mojados” se refiere coloquialmente a la revisión hecha a la Ley de Ajuste Cubano de 1966 que permitía a los ciudadanos cubanos que llegaran al suelo estadounidense un camino único hacia la residencia. Del mismo modo, en 2017, el DHS anunció el fin del CMPP, que permitía a cierto “personal médico cubano que estaban en otros países (esto significa que no estaban en Cuba ni Estados Unidos) solicitar permiso de ingreso en una embajada o consulado estadounidense.” Bajo el CMPP, un profesional médico cubano podría calificar para la consideración de obtener una visa CMPP si era, entre otras cosas, un profesional médico reclutado para estudiar o trabajar en un tercer país bajo la dirección del gobierno cubano. Dada la reciente rescisión del CMPP, los médicos cubanos no tienen más remedio que recurrir al sistema de asilo de EE. UU. —un sistema tremendamente atrasado que, en 2017, ya estaba estresado por el final de pies secos, pies mojados y desde entonces ha sido más inundado debido al MPP, la prohibición de tránsito a un tercer país, y el Título 42.

Un cambio positivo se produjo en julio de 2020 cuando el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Columbia anuló la prohibición de tránsito a un tercer país, en Capital Area Immigrants’ Rights Coalition v. Trump, No. 19-2117 (TJK), No. 19-2530 (TJK), 2020 WL 3542481 (D.D.C. June 30, 2020), que sostuvo que la prohibición fue promulgada ilegalmente. Así y todo, a muchos asilados ya se les ha prohibido el asilo sobre estas bases. Hoy en día, a medida que más y más médicos cubanos desertan a los Estados Unidos en medio de crecientes preocupaciones de seguridad y a merced de un sistema de asilo roto, les espera un conjunto único de dificultades y desafíos legales.

 

La clínica de asilo de la Facultad de Derecho de Cornell y la Dra. Merlys Rodríguez Hernández

Los médicos cubanos no solo enfrentan muchos obstáculos legales para obtener asilo en los Estados Unidos, sino que también son sometidos con frecuencia a detenciones prolongadas a su llegada. El sistema de inmigración de los EE. UU. exige que todos los que no sean ciudadanos, incluso aquellos que son elegibles para el asilo, sean detenidos cuando llegan a la frontera de los EE. UU. sin haber obtenido previamente la autorización para ingresar. Como tal, estos no ciudadanos están detenidos a la espera de que se examinen sus solicitudes de asilo, lo que a menudo puede llevar mucho tiempo. Una médica cubana, la Dra. Merlys Rodríguez Hernández, lleva más de un año detenida por estos fundamentos legales.

El caso de la Dra. Rodríguez Hernández ilustra los resultados inconsistentes bajo el actual sistema de inmigración de los Estados Unidos. Cubanos nativos, la Dra. Rodríguez Hernández y su esposo, el Dr. Almanza Paneca, fueron enviados a Venezuela en una misión médica juntos en septiembre de 2015. En Venezuela, fueron obligados por el gobierno cubano a falsificar registros médicos, firmar un compromiso de guerra para defender Venezuela y cuestionar a los pacientes sobre su compromiso con la reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro. Además, fueron sometidos a condiciones de vida increíblemente peligrosas, incluyendo vivir en un barrio donde presenciaron asesinatos a manos de bandas venezolanas casi todas las semanas. Asimismo, les dijeron que estarían obligados a trabajar en Venezuela durante tres años sin descansos y sin paga desde Cuba. En cambio, el gobierno venezolano les “pagó” el salario mínimo. Sin embargo, en lugar de pagarles directamente, el gobierno venezolano envió sus cheques de pago de regreso a Cuba, donde el gobierno cubano colocó el dinero en cuentas personales a las que podían acceder sólo después de que se completara su misión médica.

Cuando la Dra. Rodríguez Hernández y el Dr. Almanza Paneca se negaron a asistir a una celebración pública de una enmienda a la Constitución cubana, los funcionarios cubanos en Venezuela los sacaron a la fuerza de su hogar y los mantuvieron cautivos en las selvas de Venezuela durante diez días. Durante ese período, el gobierno cubano no solo allanó su residencia en Venezuela, llevándose todas sus pertenencias personales, sino que vació sus cuentas bancarias en Cuba, quitándoles lo poco que habían ganado durante sus años de trabajo en Venezuela, así como sus ahorros antes de participar en la misión médica. Luego, el gobierno cubano los despojó de sus licencias médicas y los envió de regreso a Cuba, etiquetándolos como “desertores.” Temiendo un mayor castigo, la Dra. Rodríguez Hernández y el Dr. Almanza Paneca huyeron de Cuba en julio de 2019.

En su viaje a los Estados Unidos, la Dra. Rodríguez Hernández y el Dr. Almanza Paneca viajaron por Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. No solicitaron ayuda migratoria en ninguno de estos países porque no se sentían seguros de que los demás países pudieran protegerlos adecuadamente. Cuando llegaron a los Estados Unidos, ambos médicos solicitaron inmediatamente asilo, retención de deportación y protección bajo la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Después de estar detenido durante seis meses, al Dr. Almanza Paneca se le negó el asilo sobre la base de la prohibición de tránsito a un tercer país, porque había pasado por varios otros países en su camino hacia los Estados Unidos. Sin embargo, se le concedió la suspensión de la expulsión—una forma de alivio menos beneficiosa en comparación con el asilo—porque la corte consideró que era “más probable que no” que él fuera perseguido si regresaba a Cuba. Posteriormente fue liberado de la detención en mayo de 2020.

Por otro lado, y con antecedentes fácticos prácticamente idénticos, una corte de inmigración diferente le negó asilo a la Dra. Rodríguez Hernández sobre la base de la prohibición de tránsito a terceros países. La corte declaró además que la Dra. Rodríguez Hernández no sería elegible para el asilo incluso aparte de la prohibición de tránsito a terceros países porque ella no es una “disidente política” perseguida por el gobierno cubano. Por supuesto, esto es incompatible con el hecho de que el régimen cubano le había informado directamente que la había etiquetado como una “desertora.” Además, la corte de inmigración determinó que la Dra. Rodríguez Hernández no era elegible para la suspensión de la expulsión porque no pudo demostrar que era más probable que no que fuera perseguida si se la obligara a regresar a Cuba—una decisión incompatible con la concesión de retención de su marido por una corte de inmigración diferente.

Los casos de estos dos médicos ilustran la aplicación desigual de las leyes de inmigración de los Estados Unidos—incluso en casos con hechos idénticos. Además, estos casos aclaran la dificultad que enfrentan los médicos cubanos y otros asilados para huir de Cuba. Finalmente, el caso de la Dra. Rodríguez Hernández también describe la importancia de la liberación de la fianza para muchos que no son ciudadanos quienes no representan una amenaza para la sociedad y, por lo tanto, no deben ser detenidos mientras esperan una sentencia. En lugar de que se le permita usar su entrenamiento médico para ayudar en la lucha contra el coronavirus en los Estados Unidos, la Dra. Rodríguez Hernández había permanecido detenida en Arizona por un periodo de más de un año, donde contrajo COVID-19 ella misma y tuvo que luchar contra el virus mientras recibía atención médica supuestamente deficiente en el centro de detención.

La Dra. Rodríguez Hernández y el Dr. Almanza Paneca ahora están representados por la Clínica de Apelaciones de la Convención contra la Tortura y Asilo de la Facultad de Derecho de Cornell, quienes los defienden en los tribunales. El 27 de octubre de 2020, se le otorgó fianza a la Dra. Rodríguez Hernández mientras espera el resultado de sus otros procesos judiciales.

 

Una mirada al futuro

Los profesionales médicos cubanos enfrentan una variedad de obstáculos legales para tratar de liberarse de la explotación por parte del gobierno cubano. En última instancia, sin embargo, la explotación de Cuba de sus trabajadores de la salud, y su posterior rechazo por parte de los Estados Unidos, no son más que dos caras de la misma moneda. La derogación de la prohibición de tránsito de un tercer país ahora está siendo impugnada en apelación y la ley que la rodea sigue siendo fluida, lo que sugiere que los solicitantes de asilo estarán mejor posicionados si pueden viajar directamente a los Estados Unidos desde sus países de origen. Sin embargo, esta estrategia es inviable debido a las restricciones para viajar por el COVID-19 y el cierre efectivo de la frontera sur. Además, incluso si los ciudadanos cubanos pudieran ingresar bajo el Título 42 y evitar con éxito la prohibición de tránsito de un tercer país, estas medidas no resolverían todos los problemas, ya que las leyes que rigen la elegibilidad para el asilo todavía se aplican de manera desigual.

Debido a que el DOS ya ha declarado que las misiones médicas cubanas constituyen una forma de trata de personas, los legisladores deberían considerar la creación de un proceso más particularizado, similar al CMPP, a través del cual los médicos cubanos podrían solicitar una forma especial de desagravio si pueden probar que han sido obligados a participar en una misión médica obligatoria. Y se están realizando esfuerzos actualmente. En junio pasado, se presentó un proyecto de ley que, si se promulga, requeriría que el DOS publique la lista de países que contratan al régimen cubano para su programa de misiones médicas y considerar ese contratiempo como un factor en su clasificación en el Informe Trata de Personas del DOS. De manera similar, en septiembre, los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio introdujeron una legislación bipartidista para combatir la trata de médicos cubanos que va aún más lejos, buscando restablecer el CMPP y permitir que los profesionales médicos cubanos elegibles y su familia inmediata vengan a los Estados Unidos. Aun así, no está claro qué tracción política, si la hay, ganarán estos proyectos de ley. Esperemos que así sea, porque las barreras que enfrenta el “ejército de batas blancas” de Cuba con respecto al asilo y otras formas de alivio migratorio, incluso después de perdurar una forma de persecución reconocida por el gobierno de EE. UU., deben eliminarse—y pronto—si los intereses de la justicia deben ser servidos.

Declaración de ausencia de responsabilidad: La información, los materiales y las opiniones contenidas en este artículo son solo para fines de información general, no pretenden constituir asesoramiento legal o profesional, y no se debe confiar ni tratar como un sustituto de un asesoramiento específico relevante para circunstancias particulares.

Sobre los autores:

Michael Mirabella es un estudiante de derecho de tercer año en la Facultad de Derecho de Cornell. Originario de Florida, Michael obtuvo su Licenciatura en Ciencias en Finanzas de Florida State University y ahora se desempeña como editor de la edición en línea del Journal of Law & Public Policy de la Facultad de Derecho de Cornell, The Issue Spotter. De ascendencia cubanoamericana, Michael es un estudiante de derecho de primera generación y un orgulloso miembro estudiante del Colegio de Abogados Cubanoamericanos (CABA).

 

Kayleigh Yerdon es una estudiante de derecho de tercer año en la Facultad de Derecho de Cornell. Originaria de Nueva Jersey, Kayleigh obtuvo su Licenciatura en Ciencias en Relaciones Industriales y Laborales de la Universidad de Cornell. Kayleigh es miembro de la Clínica de Apelaciones de Asilo Avanzado y Convención contra la Tortura y codirectora del Proyecto de Estado Especial de Inmigrante Juvenil en la Facultad de Derecho de Cornell.

 

Cita sugerida: Michael Mirabella & Kayleigh Yerdon, Opresión en casa, rechazo en el extranjero: cómo la ley de inmigración de los Estados Unidos decepciona al ejército de batas blancas de Cuba, Cornell J.L. & Pub. Pol’y: The Issue Spotter (Oct. 31, 2020), http://jlpp.org/blogzine/opresion-en-casa-rechazo-en-el-extranjero-como-la-ley-de-inmigracion-de-los-estados-unidos-decepciona-el-ejercito-de-batas-blancas-de-cuba/.